Poder Judicial

EL Estado chileno comenzó a modernizar el sistema judicial en el año 2000, a través de estándares internacionales de administración de la Justicia y la incorporación de acciones que buscan el respeto de los Derechos Humanos de las personas. Bajo este marco es que principios como la eficiencia, imparcialidad y mejoramiento del acceso fueron elementos esenciales para el desarrollo de la Reforma Procesal Penal que dio paso a la creación del Ministerio Público de Chile.

Un elemento central que recorre todo este proceso judicial corresponde a los Derechos y Garantías que son resguardados tanto para las víctimas como para los imputados, los cuales son universales para todas las personas.

Uno de los cambios más importantes en el proceso de aplicación de Justicia fue la separación de las acciones desarrolladas en el proceso judicial:

Investigar: Ministerio Público junto a órganos auxiliares
Acusar: Ministerio Público
Defensa: Defensoría Penal Pública
Juzgar: Tribunales de Justicia

El Ministerio Público (Fiscalía)

Es un organismo autónomo de los diferentes poderes del Estado, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales si corresponde y dar protección a víctimas y testigos.

Se organiza de forma jerárquica por medio de una Fiscalía Nacional y dieciocho Fiscalías Regionales.

El Ministerio Público posee el apoyo de diferentes instituciones para trabajar, entre las cuales se encuentran:

Asimismo, colaboran diferentes profesionales con el fin de apoyar el proceso de investigación y auxiliar a las víctimas: Abogados, Asistentes Sociales y Psicólogos.

Paso 1: Acudir a la Fiscalía

Si usted es víctima de un delito, debe acudir a la Fiscalía más cercana, donde podrá presentar su denuncia para que pueda ser analizada por el fiscal. Él decidirá si investigar, cuando existe mérito, o no investigar, cuando se considera que no hay delito o ya no es posible juzgar la acción que se demanda.

Paso 2: Inicio del Proceso de Investigación

Si decide investigar, a partir de la indagación inicial, el fiscal puede realizar algunas acciones, entre las cuales se encuentran:

Acusar Archivar provisionalmente la causa

Aplicar el principio de oportunidad

Ello acontecería si los hechos investigados son constitutivos de un delito. La acusación le permitirá llevar a juicio oral y público al o lo presuntos responsables. El tribunal competente decidirá si condena o absuelve a los imputados. En el caso de ciertos simples delitos y faltas penales su conocimiento y fallo, por Ley, corresponde al juez de garantía, en un juicio simplificado o monitorio.

Acontecerá en aquellos casos en que no cuente con antecedentes o pruebas para formular una acusación.

Acontece ante la baja penalidad de un delito que no compromete de forma grave el interés público. En este caso, no se iniciará la persecución penal o se abandonará la ya iniciada.

Durante el transcurso de la investigación, el fiscal podrá proponer, de acuerdo a la Ley, otras vías para terminar el proceso, que pueden ser del tipo judicial o no judicial, según lo permitan los antecedentes existentes en la causa y la gravedad de los hechos investigados.

Suspensión condicional Acuerdo reparatorio

Sobreseimiento temporal o definitivo

Se trata de una salida alternativa, en la cual el fiscal y el imputado alcanzan un acuerdo, que obliga a este último a cumplir ciertas condiciones durante un período que puede ir de uno a tres años. Una vez transcurrido este lapso, la causa es cerrada. No puede tener lugar cuando el imputado ha sido condenado previamente por crimen o simple delito, ni cuando la pena probable que puede corresponderle en caso de condena supera los tres años, ni si tiene vigente otra suspensión condicional.

Son acuerdos indemnizatorios de parte del imputado hacia la víctima, que deben ser avalados por el Juez de garantía. Solo se puede aplicar a casos de delitos culposos, lesiones menos graves o daños a bienes jurídicos patrimoniales.

Es una resolución dictada por el Tribunal, que pone fin al procedimiento. Se aplica cuando el hecho investigado no es constitutivo de delito, cuando se constata la inocencia del imputado o cuando se extingue la responsabilidad penal. En los casos en que el imputado no comparece al procedimiento o se halla en un estado de enajenación mental, puede determinarse el sobreseimiento temporal de la causa.

Paso 3: Inicio de la acusación por parte de la Fiscalía ante el Juez

Ocurre cuando la Fiscalía ha decidido acusar al imputado, existiendo para ello dos caminos:

  • Procedimientos especiales:

La Ley Procesal Penal prevé procedimientos especiales, que usualmente tienen lugar ante el Juez de garantía dependiendo de la pena asignada. Acontece así:

a) Procedimiento abreviado: Ocurre cuando la fiscalía solicita una pena menor a los cinco años de cárcel y el imputado acepta de forma libre y voluntaria los hechos que se le imputan.

b) Procedimiento simplificado: Ocurre cuando la Fiscalía solicita una pena menor a los cinco años de cárcel y el imputado acepta de forma libre y voluntaria los hechos que se le imputan.

  • Juicio Oral

Se desarrolla en audiencias públicas donde el fiscal formula la acusación, el abogado defensor defiende al acusado y son presentadas pruebas a los jueces del Juicio Oral en lo Penal. Es importante destacar que al ser públicos es posible el desarrollo de un control de la ciudadanía sobre el trabajo de jueces, fiscalía y abogados defensores.

El Fiscal jefe de la Fiscalía Local de La Ligua es don Luis Alberto Cortez Muñoz. Dirección: Portales N°5, La Ligua, y Manuel Montt 1580, Petorca.

Defensoría Penal Pública

Para resguardar los derechos de los imputados, es necesario que cuenten con un abogado defensor a lo largo del proceso, con independencia de sus recursos económicos. Para ello, durante el 2001, se creó la Defensoría Penal Pública.

La Defensoría Penal es un servicio público, cuya finalidad es proporcionar defensa penal a los imputados o acusados de un crimen, simple delito o falta, que sea competencia de un Juzgado de Garantía o de un Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, o de las cortes en su caso, y que carezcan de abogado.

Si un imputado no tiene recursos para pagar a un abogado, la Defensoría Penal Pública prestará el servicio de forma gratuita. En aquellos casos en que posea recursos, deberá pagar un valor fijado e informado por la Defensoría.

El abogado defensor debe:

  • Velar porque el proceso se desarrolle en cumplimiento de los preceptos legales.
  • Velar porque se respeten los derechos del imputado y su defensa en juicio.
  • Que todo imputado sea tratado como inocente.
  • Cuando corresponda, se le aplique una sanción justa.